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Análisis legal de la reforma energética. 

El proceso comenzo en el 2013 cuando se modificaron tres artículos constitucionales (25, 27 y 28) y nueve transitorios con la intención de rescatar y fortalecer a la (Comisión Federal de Electricidad) CFE, según esto para garantizar la seguridad energética del país modificando las condiciones del modelo regulatorio para el mercado eléctrico mexicano, con el propósito de impulsar la inversión privada, el desarrollo del sector y diversificar la matriz energética del país para que sea posible que haya electricidad a mejor costo para todos los mexicanos, sin embargo la Reforma conlleva un riesgo significativo para inversionistas y operadores en el mercado energético mexicano y debe ser evaluada por los inversionistas y operadores de los sectores de energía, petróleo y gas. 


Así mismo la modificación de estos 3 artículos tiene dos objetivos principales: 

•Darle a la CFE preferencia siempre sobre la producción eléctrica de privados para garantizar que genera la mayor parte de la energía que consume México, sin importar si es más cara o contaminante. 

•Eliminar a los órganos autónomos que hoy garantizan la competencia entre CFE y otras empresas que se dedican a generar electricidad, estos reguladores tienen como misión que el país tenga energía cada vez más limpia y barata. 

¿QUÉ CONLLEVA ESTA REFORMA? 

La explicación que ha dado el gobierno sobre la reforma es que busca fortalecer a CFE y garantizar la soberanía energética. Pero muchos expertos sostienen que, si se aprueba, la reforma en realidad no lograría eso sino, por el contrario, tendría 4 grandes implicaciones que no le convienen a México: 

 •Reinstalaría un modelo viejo: Nos regresaría, en la práctica, a un modelo cercano al de 1960 cuando se nacionalizó la industria eléctrica: un solo suministrador de energía, sin reguladores, sin compromisos de energía limpia. 

•Generaría energía más sucia: Al privilegiar las plantas de CFE, se generaría más energía fósil y se incrementarían las emisiones de dióxido de carbono hasta en 65%. 

•Generaría energía más cara: Dado que la generación de CFE es más cara que la de los generadores privados, el costo de producir la energía que México necesita subiría 52%. Esto lo pagaríamos todos a través de los recibos de la luz, o de nuestros impuestos. 

•Crearía un sistema discrecional: Si desaparecieran los órganos autónomos – que hoy regulan el sector y garantizan competencia para tener energía cada vez más limpia y barata- los técnicos y especialistas estarían desplazados por las prioridades de los políticos. 

Paradójicamente, la suma de estos cuatro factores debilitaría financieramente a CFE porque generaría energía más cara. No tendría recursos suficientes para hacer las inversiones necesarias, y nos haría más dependientes de los combustibles fósiles del exterior – como el gas de Estados Unidos- y no más soberanos.Por eso dicen los expertos que la reforma no sólo no va a lograr los objetivos de soberanía energética y fortalecer a la CFE, sino todo lo contrario. 

 ¿CÓMO AFECTA ESTA REFORMA A CADA UNO DE NOSOTROS? 

Al generar energía más cara y más sucia, existiran tres principales efectos en nuestra vida cotidiana: 

•Subiría la inflación: Dado que todos los productos y servicios necesitan electricidad, y ésta sería más cara, sus precios finales al consumidor tendrían que subir. 

•Habría menos empleo: Algunas empresas que dependen mucho de la electricidad tendrían que cerrar, porque subiría su costo casi de la noche a la mañana, otras se irían de México porque habría otros lugares del mundo donde sería más barato y ambientalmente amigable operar y, finalmente, las empresas del exterior que pensaban venir a invertir, tal vez ya no lo harían. 

•Habría más contaminación: La energía que México consumiría sería 65% más sucia, empeoraría la calidad del aire principalmente en las ciudades y poblaciones cercanas a las plantas de generación y se agravaría la condición de nuestra salud respiratoria. 

En conclusión esta reforma prometida por el presidente Andrés Manuel López Obrador ya prevé eliminar la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y traspasar sus atribuciones a la Secretaría de Energía además de reducir las posibilidades del sector privado para abastecerse de energía de forma independiente. 

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